Alcaldía capitalina desmantela 189 puestos en calle Arce

Lunes 09 de Mayo de 2011

Escrito por Redacción De Primera

La municipalidad avanza en la remoción de las estructuras y limpieza general de la zona que se ha intervenido

La Alcaldía de San Salvador volvió a cumplir su palabra y desmanteló 189 locales de ventas informales sobre la calle Arce y algunas zonas aledañas, entre la noche del pasado sábado 7 y madrugada del domingo 8 de mayo.

La intervención comenzó en un tramo de la calle Arce que va desde la 7ª hasta la 11ª avenida Norte. También se abarcó desde la calle Rubén Darío hasta la 1ª calle Poniente. En todos estos lugares, los locales contaban con agua, servicio de energía eléctrica y aire acondicionado. Ninguno pagaba impuestos de acuerdo a la municipalidad.

El operativo inicial estuvo a cargo de la Policía Nacional Civil (PNC). La Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) se enfrentó con varios grupos de supuestos vendedores que reaccionaron con violencia al plan de reordenamiento.

De acuerdo a datos de los cuerpos de socorro que llegaron para prestar sus servicios, unas 50 personas resultaron lesionadas o con síntomas de intoxicación por los gases lacrimógenos que lanzó la PNC para detener a los grupos violentos. Además, la corporación policial detuvo a nueve personas, una acusada por lesiones y el resto por desórdenes públicos.

La Secretaría de Cultura de la Presidencia (Secultura) lamentó que varios de los que participaron en el enfrentamiento hayan dañado estructuras culturales tan importantes como el Palacio y Teatro Nacional. En el primero, se cuentan 108 ventanales y ocho faroles quebrados y en el segundo, se contabilizaron 18 puertas de doble hoja, 15 ventanas y faroles quebrados.

Se estima que Secultura debe invertir cerca de medio millón de dólares para reparar los daños y que el trabajo demoraría unos tres meses. Por ahora, los paseos nocturnos a estos dos lugares con motivo de la celebración del Bicentenario están suspendidos.

El alcalde citadino, Norman Quijano, se defendió al decir que todos los comerciantes que utilizaban los puestos demolidos ya habían sido notificados previamente. Además indicó que la infraestructura de muchos era similar a “mini almancenes” y calculó la ganancias de sus propietarios por sobre los diez mil dólares. Es más, consideró que muchos de los encargados de estos puestos están relacionados con el crimen organizado.

"Como autoridades locales no vamos permitir en ningún momento en que el Centro Histórico de la ciudad siga en poder de personas que se lucran desmedidamente de usurpar el espacio público", expresó Quijano luego del procedimiento.

La municipalidad perdió el Puesto de Atención Social (PAS) que tenía en la Plaza Barrios y parte del mobiliriario. José Criollo, síndico municipal, aseguró que individualizarán las acciones para presentar demandas aunque reconoce que cualquier reordenamiento de este tipo implica una amenaza de daños a la propiedad municipal.

Quijano responsabilizó de los actos vandálicos a Pedro Julio Hernández, Rodolfo Pereira y Martín Montoya, actuales dirigentes de varios grupos de comerciantes. Sin embargo, Hernández salió al paso de estas acusaciones se desmarcó de los daños provocados a la propiedad municipal y patrimonial y retó a la PNC a capturar inmediatamente a las personas que causaron daños y que se supone ya tienen identificados.

Por su parte, el Arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, mostró su apoyo al proceso de reordenamiento, pero no avaló el método utilizado por la comuna. Al final, convocó a la municipalidad y a los vendedores a dialogar.